Afectación del derecho a la tutela jurisdiccional ante la aplicación del artículo 565-a del código procesal civil en los casos de exoneración de alimentos en Lima Este, 2025

• Autor: Chuquihuaraca Ortiz, Luis Carlos
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/14745
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/14745
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tutela jurisdiccional; Aplicación artículo; Acceso a la justicia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Este estudio, se enfocó en analizar como el Art. 565-A del CPC, afecta el derecho a la tutela jurisdiccional en los procesos de exoneración de alimentos en Lima Este. Dicha norma exige que, para que pueda proceder la solicitud de exoneración, la persona obligada debe de demostrar no tener deuda pendiente respecto a la obligación alimentaria. Sin embargo, en la aplicación real, este requisito legal se convierte en una barrera que restringe la posibilidad de acceder a la justicia de quienes atraviesan dificultades económicas inesperadas. Se utilizo un enfoque cualitativo para esta investigación además de, un diseño basado en teoría fundamentada, se examinaron criterios jurisprudenciales, doctrinarios y normativos, complementados con entrevistas a operadores judiciales. Los resultados evidencian que la rigidez del Art. 565-A del CPC, vulnera principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad procesal y el derecho a la tutela jurisdiccional, establecidos en el art. 139.3 de la CPP. Además, se identificó que los jueces suelen aplicar la norma de manera heterogénea, generando inseguridad jurídica y desprotección para los obligados en situación de vulnerabilidad económica. La investigación concluye que es necesaria una interpretación flexible del precepto legal o una reforma normativa que permita evaluar las demandas de exoneración con base en la real capacidad adquisitiva del obligado, garantizando así la equidad entre la protección del alimentista y los derechos fundamentales del deudor alimentario.