Análisis del principio de legalidad procesal y el derecho de defensa en los allanamientos judiciales en caso de crimen organizado en el distrito fiscal de Arequipa, 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la injerencia del principio de legalidad procesal y el derecho de defensa en los allanamientos judiciales en casos de crimen organizado en el distrito fiscal de Arequipa, 2024. Con las últimas modificaciones legislativas, se exige la presencia fí...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Huamani Florez, Giuliana
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio:UTP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/11613
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12867/11613
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Crimen organizado
Allanamiento judicial
Legalidad procesal
Derecho de defensa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La presente investigación tuvo como objetivo analizar la injerencia del principio de legalidad procesal y el derecho de defensa en los allanamientos judiciales en casos de crimen organizado en el distrito fiscal de Arequipa, 2024. Con las últimas modificaciones legislativas, se exige la presencia física de un defensor público para iniciar un allanamiento autorizado judicialmente, lo que ha generado debates sobre su impacto en la eficacia de estas medidas. Mediante una metodología cualitativa y de nivel descriptivo, se emplearon técnicas como fichas bibliográficas, observación documental de doctrina y jurisprudencia, además de entrevistas a fiscales y defensores públicos. Los resultados evidenciaron que, si bien el principio de legalidad procesal, garantizado por la supervisión fiscal y la autorización judicial, asegura el respeto a los derechos fundamentales, la obligación de incluir a un defensor público desde el inicio del allanamiento puede comprometer la celeridad y eficacia de estas diligencias. Se concluyó que las actuales disposiciones sobre la defensa pública sobredimensionan su papel en los allanamientos, dado que los derechos fundamentales ya se encuentran suficientemente protegidos por las resoluciones judiciales motivadas y la actuación fiscal. Por ello, se recomienda revisar las normativas vigentes para equilibrar la protección de garantías constitucionales con la efectividad en la lucha contra la criminalidad organizada.
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