Aplicación del principio de confianza en los funcionarios de libre designación y remoción del Ministerio de Salud para delimitar mejor su responsabilidad penal al ser procesados por el delito de designación y aceptación ilegal de cargo (art.381 del C.P.)

• Autores: Mendoza Rodríguez, Jorge Aníbal, Estela Ayala, José Michel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9561
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/9561
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Idoneidad para el cargo; Principio de confianza; Libre designación y remoción; Aceptación de cargo indebido; Responsabilidad penal funcional; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Actualmente, las designaciones de funcionarios de confianza de las instituciones públicas del Estado generan mucha controversia, disconformidad y desaprobación. En ese sentido, la meritocracia queda desplazada, dado que la incorporación al sector público de este grupo de funcionarios no requiere de concurso alguno, donde prima la confianza y se realiza mediante una designación, contratación o encargatura según el régimen laboral que pertenezca. En ese escenario, al ser estos cargos públicos de confianza, muchos candidatos no cumplen con el perfil adecuado, careciendo en muchas ocasiones de capacidades para ocupar estos puestos; es decir, no son idóneos para el cargo. Por ello, en nota de prensa, la Contraloría General de la República (2019), informa que como parte de su labor fiscalizadora, se identificó a nivel nacional a 7,574 funcionarios de confianza, donde 2,609 incumplieron los perfiles mínimos determinados en el Manual de Organizaciones y Funciones-MOF, Manual de Operaciones-MOP, Manual de Clasificador de Cargos-MCC, Manual de Perfiles de Puestos-MPP de la entidad; resultando que un 34% de funcionarios de confianza incumplen el perfil señalado. En esa línea, se fiscalizó un total de 332 instituciones públicas; donde 289 instituciones (87%) de sus funcionarios no certifican cumplir con los perfiles señalados en el MOF/MOP y MPP/MCC de dicha entidad.