Afectación del derecho constitucional al plazo razonable en los procesos de bonificación en el sector educación en el Perú

• Autor: Quispe Rivera, Yessica Diana
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/8652
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/8652
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho constitucional; Procesos de bonificación; Sector educación; Derechos fundamentales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La labor realizada por los docentes en el Perú no se limita solo a las aulas, sino fuera de ellas. De hecho, es por aquella premisa establecida que el legislador, a través de la Ley Nº 25212, ha consignado una serie de bonificaciones por labores como dirección o trabajo en zonas de riesgo; sin embargo, no todos los docentes reciben estas compensaciones, y muchos deben atravesar procesos judiciales prolongados para obtenerlas. Los procesos de reclamo de las bonificaciones son comunes en la coyuntura peruana y, es que, la mayoría de estos se dilatan demasiado, significando de ese modo una vulneración al derecho al plazo razonable de los procesos y resoluciones judiciales firmes. Pues bien, sorprende también que los que acuden ante la autoridad jurisdiccional para reclamar su derecho son adultos mayores, repercutiendo para ellos en una afectación directa a su integridad. Los adultos mayores, ya por su condición, se encuentran en vulnerabilidad, por lo cual es perentorio que reciban el monto que les corresponde a fin de sufragar gastos necesarios para ellos y, probablemente, para su familia. De allí la necesidad de la puesta en marcha de medidas necesarias para atender preferentemente a los que poseen dichas condiciones y no darles mayores cargas que las que ya poseen. Sobre el particular se centra el desarrollo de la presente investigación, y cómo esta afectación generada por las dilaciones indebidas y por la vulneración al derecho al plazo razonable incide directamente en los adultos mayores.