El sicariato juvenil y sus implicancias jurídicas: Análisis de la inimputabilidad según el artículo 20° inciso 2 del Código Penal

• Autor: Perez Sosa de Valdivia, Elena del Carmen Milagros
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/12226
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/12226
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Inimputabilidad; Sicariato juvenil; Responsabilidad penal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Resultado del estudio, se ha considerado uno de los problemas más importantes de Perú, que es el comercio del asesinato. Este asunto se ha considerado como tema de la tesis titulada « El sicariato juvenil y sus implicancias jurídicas: Análisis de la inimputabilidad según el artículo 20° inciso 2 de Código Penal (en adelante CP)». Como resultado del significativo grado de actividad delictiva en los últimos años, las organizaciones criminales han comenzado a reclutar a nuestros jóvenes, como adolescentes, para sus delitos, como es el sicariato. Esta situación genera una sensación de malestar entre la población en general e incluso socava la autoridad de la PNP, a la que, en el momento de la detención, se informa en primer lugar que son menores de 18 años. Las organizaciones se aprovechan de que no son considerados legalmente responsables hasta los 16 años, la edad que son considerados adultos. Teniendo esto en cuenta, es esencial llevar a cabo una investigación sobre la capacidad legal de los menores que cometen delitos graves. Se propone que el artículo 20(2) del CP se revise de tal manera que no solo establezca que los menores de 16 años o más son legalmente responsables, sino también que este delito, conocido como «asesinato por encargo», no tenga ninguna restricción de edad. Cuando se trata de perpetrar este tipo de delitos graves, queremos que las organizaciones criminales desvíen su atención de los niños y, al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que no se vulneren los derechos de la víctima y sus familias. El objetivo es asegurarnos de que los jóvenes sean conscientes de que participar en este tipo de comportamiento ilegal puede acarrear una pena de hasta veinticinco años de prisión o, en ciertos casos, consecuencias aún más graves.