La afectación del derecho a la defensa en las indagaciones previas del Ministerio Público

• Autor: Laura Cabezas, Hernan
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/12161
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/12161
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho a la defensa; Indagaciones previas; Ministerio Público; Debido proceso; Garantías procesales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Este trabajo analiza cómo se afecta el derecho a la defensa durante las indagaciones previas del Ministerio Público (en adelante MP), reconocido en el artículo 139, numeral 14, de la Constitución. Las principales problemáticas son la falta de regulación específica, la ausencia de defensa técnica y la discrecionalidad del MP, lo que genera indefensión, incertidumbre jurídica y desequilibrios procesales, afectando principios como la igualdad de armas, la publicidad procesal y el debido proceso. El estudio busca examinar la relación entre el debido proceso y las garantías procesales, identificar los actos del MP que vulneran el derecho a la defensa y proponer soluciones para garantizar transparencia y equidad. Mediante un enfoque cualitativo, se emplearon entrevistas semiestructuradas, análisis documental y revisión de jurisprudencias, bajo un diseño no experimental, exploratorio y descriptivo. Los resultados muestran que las indagaciones preliminares vulneran el derecho a la defensa por falta de notificación y acceso a la información, limitando la capacidad del investigado para ejercer una defensa adecuada. En esta etapa, el MP realiza actos mínimos de verificación, como la revisión de documentos y consulta de registros públicos, pero la ausencia de regulación específica permite que, en algunos casos, se excedan estos límites. Se concluye que es urgente regular estas diligencias, proponiendo un marco normativo claro que defina sus límites, la obligación de notificar al investigado, la presencia de un defensor técnico desde el inicio, y la implementación de controles internos para evitar abusos. Estas medidas buscan asegurar transparencia, equidad y el respeto de los derechos fundamentales del investigado.