El concurso de delitos del artículo 122 b inciso 6 y 368 del segundo párrafo del Código Penal Peruano

• Autores: Chuchon Vásquez, Alexandra Sofía, Valenzuela De La Cruz, Marlyth Graciela
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/13757
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/13757
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Medidas de protección; Concurso aparente de leyes; Violencia contra la mujer; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el Perú, la agresión contra la mujer y sus familiares representa un problema de gran magnitud con un incremento sostenido de casos, es por ello, que la posibilidad de tener justicia es una de las maneras de poder tener el resarcimiento del daño causado por el agresor hacia la víctima. En este contexto, surge un conflicto normativo cuando un agresor que ha vulnerado una medida de protección también causa daño físico o psíquico a la víctima, ya que esta conducta se encuentra regulada tanto en el artículo 122B inciso 6 como en el artículo 368 segundo párrafo del Código Penal peruano. Esta superposición normativa genera incertidumbre en la aplicación del derecho y en la coherencia de los criterios judiciales. Ante esta problemática, el propósito del de la investigación tiene como objetivo analizar el conflicto jurídico entre estos dos tipos penales, a fin de determinar el concurso de delitos aplicables, con un énfasis en la configuración del concurso ideal. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los operadores jurídicos considera que la coexistencia de ambos tipos penales configura un concurso ideal de delitos, ya que con una sola acción se vulneran dos bienes jurídicos protegidos. En conclusión, la investigación respalda la aplicación del concurso ideal de delitos en estos casos, lo que contribuiría a una interpretación más coherente y uniforme del derecho penal. Se recomienda el establecimiento de criterios jurisprudenciales claros para evitar contradicciones y reforzar la seguridad jurídica en la protección de las víctimas de violencia familiar.