La ilegitimidad de la Constitución Política del Perú de 1993

• Autor: Rivera Villegas, Hebert Gustavo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Tecnológica de los Andes
• Repositorio: UTEA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utea.edu.pe:20.500.14512/953
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14512/953
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Poder Constituyente Originario; Constitución; Ilegitimidad; Gobierno de Facto; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La ilegitimidad de la Constitución Política del Perú (CPP) de 1993 se explica y fundamenta, desde la doctrina del Poder Constituyente Originario Refundacional, en su cuestionada legitimidad de origen y la ausencia de un consenso social auténtico. Esta teoría sostiene que un Poder Constituyente Originario (PCO) se activa en situaciones excepcionales, cuando un pueblo busca refundar el orden político y jurídico a través de un nuevo pacto social; concepto ratificado en cuatro sentencias del Tribunal Constitucional (TC). La Constitución de 1993, resultado del Golpe de Estado (GE) del 5 abril de 1992, se originó en un contexto de quiebre del sistema democrático constitucional de 1979. El cierre del Congreso militar y policialmente, cuestiona la representatividad y autonomía del proceso constituyente. Aunque se convocó un Congreso Constituyente Democrático (CCD), esta operó bajo restricciones significativas que limitaron la participación popular y su capacidad para expresar una voluntad soberana auténtica. Desde esta perspectiva, la Constitución de 1993, carece de legitimidad porque no emana del ejercicio pleno del poder constituyente por parte del pueblo, sino de un proceso viciado en su origen. Además, se alega que el diseño institucional favoreció una concentración de poder y limitó derechos fundamentales, lo que perpetuó estructuras antidemocráticas. Por tanto, la doctrina del Poder Constituyente Originario Refundacional plantea la necesidad de un nuevo proceso constituyente que, en condiciones de democracia y participación efectiva, restituya la soberanía popular y establezca un marco constitucional auténticamente legítimo. Esta refundación implicaría superar las bases de ilegitimidad que subyacen en el actual texto constitucional