Control difuso de constitucionalidad y el principio de legalidad en la inaplicación de la Ley N. 32419 en el Perú

• Autores: Pasaca Urbina, John Santiago, Torres Plasencia, Katherine Del Rosario
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/16984
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/16984
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Constitución; Supremacía; Legalidad; Dignidad; Control; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación aborda la constitucionalidad del ejercicio del control difuso por parte de algunos jueces para inaplicar la Ley N.º 32419, que concede la amnistía a miembros de las fuerzas armadas investigados o condenados por delitos cometidos durante la época del terrorismo, ello al margen del principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad como pilar de la seguridad jurídica del sistema legal peruano. Ante esa controversia se tiene como objetivo principal, Analizar la constitucionalidad del ejercicio del control difuso por parte de los jueces para justificar la inaplicación de la ley Nº 32419, a la luz del principio de legalidad en el sistema jurídico peruano. El presente trabajo aborda un enfoque de investigación cualitativo con diseño de estudio explicativo, teniendo como instrumentos, primero el análisis documental de resoluciones, sentencias y artículos de revistas que integren los aspectos doctrinarios y prácticos del modelo de control constitucional estudiado, de igual modo se contó con la participación de 04 especialistas en el tema tanto desde el enfoque constitucional como el de los derechos humanos y fundamentales, últimos que impregnan la carta magna. Con la ejecución del presente trabajo se identificó una tensión entre el principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad, en tanto el alcance del control difuso por naturaleza histórica responde una facultad funcional de la jurisdicción ordinaria. A ello se concluyó que la inaplicación de la Ley Nº 32419 se sustenta en argumentos constitucionales, así como convencionales que priorizan la tutela de derechos fundamentales.