Incumplimientos y empirismos normativos que afectan los principios de celeridad y simplicidad de la acción administrativa creando barreras burocráticas, en la aplicación de la ley de procedimientos administrativos general

• Autores: Castro Muñoz, Oscar Jonathan, Urbina Montenegro, Carlos Brynner
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2013
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/1715
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/1715
• Nivel de acceso: acceso restringido
• Materia: Incumplimientos y empirismos normativos; Barreras burocráticas; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo titulado: “Incumplimientos y Empirismos Normativos que afectan los Principios de Celeridad y Simplicidad de la Acción Administrativa creando Barreras Burocráticas, en la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos General” es producto de una exhaustiva investigación, con la finalidad de contribuir modestamente con los operadores del derecho, estudiantes de derecho, legisladores y todas aquellas personas que tengan interés en conocer el procedimiento y las acciones de las entidades públicas del Estado entre ellas las Municipalidades. Desde hace muchos años, la administración pública establece exigencias sobre los particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores y para las empresas, ello se traduce en mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado. Entonces, los administrados tienen derecho a cuestionar ante el organismo competente los actos administrativos que pudieran generar tratamientos arbitrarios, discriminatorios o desventajas en relación a sus fines. En ese sentido, es importante conseguir una efectiva reducción de las cargas y de las barreras burocráticas que los gobiernos locales suelen imponer a los agentes económicos. Esto se manifiesta en el cobro injustificado que vienen realizando los gobiernos locales en contra de los agentes económicos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y otros.