Criterios judiciales aplicados por el tribunal constitucional peruano en procesos por conflictos de competencia

• Autor: Ramirez Ordoñez, Genara Malu
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/17253
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/17253
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tribunal constitucional; Conflicto de competencia; Criterios judiciales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo principal de esta investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental, corte transversal, enfoque mixto es identificar cuáles son los criterios judiciales aplicados por el tribunal constitucional peruano en procesos por conflictos de competencia durante 2024. De la aplicación de la técnica de análisis documental, entrevista aplicada a 6 jueces constitucionalistas y un cuestionario aplicado a 13 abogados especialistas en derecho constitucional se concluye que el Tribunal Constitucional del Perú ha reafirmado su papel en la distribución de competencias entre los poderes y niveles de gobierno, aplicando criterios jurisprudenciales claros para resolver conflictos de competencia, asimismo se ha enfatizado el principio de legalidad, que exige una estricta interpretación de las normas para evitar invasiones competenciales, también se ha priorizado el principio de subsidiariedad, favoreciendo la actuación de entidades locales en la prestación de servicios, reservando la intervención de niveles superiores solo en caso de incapacidad local. El análisis funcional ha permitido evaluar qué entidad está mejor capacitada para ejercer determinadas competencias, mientras que se ha promovido la coordinación interinstitucional, instando a las entidades en conflicto a encontrar soluciones conjuntas y evitar la judicialización innecesaria, finalmente, el principio pro homine ha asegurado que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso si esto requiere reasignar competencias y en conjunto, estos criterios buscan mantener la estabilidad del orden constitucional y garantizar una gestión pública eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos.