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Análisis normativo de la Ley N.° 32330 y su contravención al derecho internacional y la constitución peruana

Descripción del Articulo

El Estado peruano ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, motivo por el cual la promulgación de la Ley N.º 32330, que establece la imputabilidad penal de adolescentes de 16 y 17 años, ha generado cuestionamientos, debido a que implica el sometimiento de menore...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Cieza Perez, Vanessa Gabriella
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2026
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/17321
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/17321
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Responsabilidad penal juvenil
Derechos humanos
Control difuso
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El Estado peruano ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, motivo por el cual la promulgación de la Ley N.º 32330, que establece la imputabilidad penal de adolescentes de 16 y 17 años, ha generado cuestionamientos, debido a que implica el sometimiento de menores de edad al régimen penal ordinario. En este contexto, la presente investigación se centró en analizar el marco normativo de dicha ley, planteando como objetivo general determinar su compatibilidad con la Constitución Política del Perú y con los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Para tal propósito, se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo no experimental, empleando el análisis documental como técnica de investigación y la ficha como instrumento de recopilación de información. Los hallazgos muestran que La Ley N.º 32330 supone un retroceso en materia normativa, al comprometer principios fundamentales como la dignidad humana, la especialidad y la protección integral de los menores, desviándose de la orientación educativa y de reinserción que caracteriza al sistema de justicia penal juvenil. Por otra parte, algunos juzgados vienen aplicando control difuso, reforzando la primacía de la Constitución y subrayando la necesidad de priorizar el interés superior del niño en los procesos penales.
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