La necesidad de establecer la eficacia de la reincidencia y la habitualidad como política de seguridad en el distrito de Chiclayo

• Autor: Sánchez Chacón, David
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2015
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/498
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/498
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Eficacia; Reincidencia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación que lleva como título: la necesidad de establecer la eficacia de la reincidencia y la habitualidad como política de seguridad en el distrito de Chiclayo, busca dentro otros objetivos reafirmar lo que entendemos como orden jerárquico del cual gozan los derechos humanos. Postulamos propuestas que respondan al constante clamor de la sociedad respecto de enfrentar el incremento de la delincuencia y que estas conlleven a brindar una real seguridad ciudadana. Las instituciones Jurídico Penales: reincidencia y la habitualidad reingresadas a la normativa nacional como una política de seguridad ciudadana, por parte del estado no hacen más; vulneran los derechos fundamentales tal como líneas arriba señalábamos, evidenciándose así que estaríamos frente a una involución del derecho penal siendo más preciso del Derecho Penal Garantista, tomando como pretexto, responder al incremento de la delincuencia en el país, creemos que con la reincorporación de estas instituciones Jurídico Penales el Estado Peruano no hace más que hacer caso omiso de los Principios Constitucionales y como dijimos del Derecho Penal Garantista. El Estado Peruano yerra al tomar como política de seguridad ciudadana el endurecimiento de penas y castigando a los reiterantes con sanciones que son resultado de revivir condenas anteriores vulnerándose así principios reconocidos por nuestra Carta Magna. Es razón por la que creemos que es urgente la derogatoria de estas Instituciones Jurídicas y que el problema de la seguridad ciudadana debe ser afrontada por el estado sin tener que recurrir a normas draconianas que vayan contra un Derecho Penal Garantista.