Análisis de la figura de consulta previa a pueblos indígenas peruanos

• Autores: Delgado Mejia, Noemi Elizabeth, Ramirez Llatas, Xiomara Antuaneth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/14122
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/14122
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Consulta previa; Pueblos indígenas; Protección; Impacto; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Este estudio analiza la efectividad de la consulta previa en la protección de los derechos de las comunidades indígenas en el Perú, empleando una metodología de enfoque descriptivo, no experimental y documental, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y Ley N° 29785, su implementación enfrenta retos que limitan su efectividad. Este mecanismo busca incluir a las comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios y cultura, pero enfrenta problemas como la falta de recursos, capacitación limitada y la influencia de intereses económicos y políticos, especialmente en proyectos extractivos. De esa manera se tiene como discusión que los acuerdos alcanzados no son vinculantes, lo que reduce su capacidad para proteger los derechos colectivos. Asimismo, las barreras culturales y lingüísticas dificultan el diálogo, afectando la participación activa de los pueblos indígenas. Aunque se han logrado avances en el reconocimiento de derechos, persisten desigualdades estructurales y una débil voluntad en el ámbito político que restringe su implementación adecuada. En esa misma línea de investigación se obtiene como conclusión que la consulta previa ha permitido generar espacios de diálogo y un mayor reconocimiento de los derechos indígenas. Sin embargo, su impacto práctico sigue siendo limitado debido a deficiencias en su aplicación y la falta de obligatoriedad de los acuerdos, lo que impide que sea una herramienta efectiva para equilibrar las relaciones entre el Gobierno, las empresas y las comunidades indígenas. A pesar de ello, constituye un avance hacia la inclusión y el respeto a los derechos colectivos.