Análisis comparado del derecho a la protesta

• Autores: Perez Davila, Hugo Arturo, Zavala Salazar, Esther Stefany
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/14203
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/14203
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho a la protesta; Ponderación de derechos; Derechos patrimoniales; Conflictos sociales; Normativa peruana; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación examina el conflicto jurídico entre el derecho a la protesta y los derechos patrimoniales de terceros, con énfasis en el contexto peruano. Reconoce que, en situaciones de derechos en conflicto, uno suele prevalecer sobre el otro, dependiendo de las circunstancias y los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. El objetivo general es analizar este conflicto a la luz de la normativa internacional para proponer lineamientos jurídicos que permitan su adecuada ponderación. Entre los objetivos específicos se destacan: 1) identificar referentes internacionales que regulan la interacción entre ambos derechos; 2) evaluar la legislación y jurisprudencia peruana para detectar vacíos normativos, y 3) proponer soluciones que garanticen una ponderación justa en nuestro país. Basándose en teorías como la ponderación de derechos de Robert Alexy, la investigación demuestra que la protesta, aunque esencial para la democracia, debe ceder frente a los derechos patrimoniales en contextos donde estos tienen mayor peso. A nivel internacional, se revisan instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comparando cómo otras jurisdicciones manejan este equilibrio. El estudio concluye que Perú carece de un marco normativo que permita resolver estos conflictos de manera sistemática y justa. Por ello, se propone una legislación específica que priorice un derecho sobre otro cuando sea necesario, garantizando la convivencia democrática y fortaleciendo la seguridad jurídica de los ciudadanos y el respeto por los derechos fundamentales.