Eficacia de las sanciones políticas-administrativas en la prevención del financiamiento político ilegal en el Perú

• Autor: Quispe Condori, Ruben Samuel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/16949
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/16949
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Financiamiento político; Sanciones administrativas; Partidos políticos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo principal de esta investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental, corte transversal, enfoque cualitativo es analizar si las sanciones políticoadministrativas para la prevención del financiamiento político ilegal en el Perú, en el contexto del marco normativo vigente y su aplicación práctica por parte de los órganos electorales resultan ser eficaces. De la aplicación de la técnica de revisión documental y el estudio jurisprudencial aplicado a cinco casos emblemáticos del Tribunal Constitucional y del JNE ha permitido identificar patrones comunes y limitaciones estructurales en la aplicación de las sanciones político-administrativas por infracciones en el financiamiento de organizaciones políticas en el Perú y en general se observa que las instituciones responsables principalmente la ONPE y el JNE han desarrollado procedimientos sancionadores regulares frente a la omisión de declaración de aportes, la falta de trazabilidad de los fondos y el incumplimiento de normas de transparencia financiera, aunque el marco normativo y la jurisprudencia demuestran una aplicación creciente de sanciones estas aún carecen de mecanismos sólidos de disuasión, prevención y control estructural, la mayoría de las sanciones impuestas son de tipo económico y no se aprecia un uso frecuente de sanciones más severas como la cancelación de inscripción o la inhabilitación de candidatos, el análisis evidencia la necesidad de fortalecer el marco sancionador con criterios de proporcionalidad, disuasión y eficacia institucional así como garantizar el monitoreo continuo del cumplimiento de las normas de financiamiento político.