El uso de la declaración previa del acusado para evidenciar contradicción en el juicio oral y su vulneración a las garantías procesales y constitucionales

• Autor: Venero Garrido, Victor Alberto
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad de San Martín de Porres
• Repositorio: USMP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/12855
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12727/12855
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Acusado; Declaración previa; Juicio oral; Investigación preparatoria; Principio de no autoincriminación; Debido proceso; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El uso de la declaración previa para evidenciar contradicción en juicio es una herramienta de la litigación que permite desacreditar al testigo o perito que cambia su versión ofrecida en la fase de investigación preparatoria, lo que impacta en su credibilidad ante los ojos del juzgador. Si bien esta institución no encuentra mayor inconveniente pues la habilita el art.378.6 CPP, el problema surge cuando este criterio es aplicado a lo vertido por el acusado. Un sector se opone a su uso en este supuesto, pues -se sostiene- afecta el principio de no autoincriminación y la naturaleza de la declaración del acusado. Sin embargo, otro sector discrepa, ya que sostiene que no afecta el derecho mencionado ni aquellos que informan el debido proceso, entre otros argumentos. Es así que, a través del Acuerdo Plenario N° 3-2018/SPN, la Sala Penal Nacional, zanjando este asunto, concluyó que si bien el art. 376 inc. 1 del CPP autoriza dar lectura a la declaración previa del acusado en el caso de que este se niegue a declarar en el plenario, es posible también que pueda usarse esa declaración previa para evidenciar una contradicción con una declaración en el juicio oral; empero, desde la perspectiva de un proceso penal garantista, y como principal conclusión arribada, ello contraviene las garantías procesales y constitucionales del imputado. Resulta de especial interés dilucidar la situación problemática expuesta pues su abordaje ayudará a contribuir a la protección de las garantías y derechos constitucionales de los procesados, en aras de una correcta administración de justicia, sin perder de vista la seguridad jurídica como principio básico de un Estado de Derecho.