La castración química como pena en el Perú: un dilema bioético entre dignidad, autonomía y consentimiento

• Autores: Chavez Torres, Alondra Silvana, Palacios Villena, Maryorie Esteffany
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad San Ignacio de Loyola
• Repositorio: USIL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/16057
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14005/16057
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho; Consentimiento informado; Castración química; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00; ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; Bioética y biojurídica.; Derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas y gestión pública

Este trabajo analiza críticamente la viabilidad de la castración química como pena para agresores sexuales desde un enfoque bioético y jurídico. Se sostiene que dicha medida resulta contraria a principios fundamentales como la dignidad humana, la autonomía personal y el consentimiento informado, esenciales en cualquier intervención médica que modifique el cuerpo de las personas. Con este objetivo, se han revisado y analizado todos los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República del Perú entre los años 2016 y 2024 que han propuesto la incorporación de la castración química como sanción penal para violadores sexuales. El análisis permitió identificar que se han presentado ocho proyectos de ley con esta propuesta en nuestro periodo de estudio, los cuales adolecen de graves deficiencias normativas, ausencia de un marco jurídico claro y vulneraciones a las garantías constitucionales. Asimismo, se advierte que estas propuestas legislativas responden más a una lógica de venganza social y populismo punitivo, que a un verdadero propósito de rehabilitación o reinserción social del infractor, lo cual resulta abiertamente incompatible con los principios y valores que rigen un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se argumenta que la castración química no constituye una medida eficaz para enfrentar las causas estructurales de la violencia sexual, e incluso podría generar efectos contraproducentes tanto para los infractores como para las víctimas y la sociedad en general.