La buena administración y la función de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública de la Defensoría del Pueblo. Análisis y propuestas de mejora

• Autor: Nicolas Maldonado, Alexandra Geraldine
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad San Ignacio de Loyola
• Repositorio: USIL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/15116
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14005/15116
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Defensoría del Pueblo; Poder moral; Derechos Humanos,; Medidas de cumplimiento obligatorio; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00

La tradicional institución de la Defensoría del Pueblo se instituyó en el Perú en el año 1993 a través de la promulgación de nuestra actual Carta Magna, tiene como principal mandato la protección y salvaguarda de derechos humanos, a su vez asume la función de ente supervisor del cumplimiento de los deberes de la Administración Gubernamental y la correcta prestación de servicios públicos. Este órgano suele dirigir su actuación en los parámetros de la intermediación, actuando como mediador entre los ciudadanos en general y las instituciones estatales y privadas (cuando estas brindan un servicio público). El Ombudsman o Defensor del Pueblo se caracteriza por utilizar un método convencional que ha conservado a través de los tiempos, nos referimos a la habilidad de los defensores para argumentar persuasivamente en resguardo de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a las instituciones estatales, es la conocida como “magistratura de la persuasión”. La Defensoría del Pueblo tiene la tarea de influir a través de su carácter moral y ético en la toma de decisiones que puedan causar una afectación directa o indirecta a los individuos. En un estado donde la fuerza moral y ética no son las predominantes, es necesario e imperante fortalecer instituciones que tengan la delicada tarea de advertir injusticias y defender a la población de los abusos y negligencias que pueda cometer la Administración Pública.