La incautación de vehículos por el presunto delito de contrabando y la vulneración del derecho a la propiedad

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación estudia en la incautación de vehículos por el presunto delito de contrabando, siendo un tema controvertido que considera se vulnera el derecho la propiedad. Sin embargo, esta medida puede generar conflictos legales y cuestionamientos éticos. En muchos casos, los...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Urbina Gutierrez, Carlos Daniel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio:USAT-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/7650
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12423/7650
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Incautación de vehículos
Derecho a la propiedad
Compradores de buena fe
Vehicle seizure
Property rights
Bonafide purchasers
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:El presente trabajo de investigación estudia en la incautación de vehículos por el presunto delito de contrabando, siendo un tema controvertido que considera se vulnera el derecho la propiedad. Sin embargo, esta medida puede generar conflictos legales y cuestionamientos éticos. En muchos casos, los propietarios de los vehículos incautados no tienen conocimiento del contrabando y son compradores de buena fe. Estas personas pueden enfrentarse a la pérdida de su propiedad sin una compensación adecuada, lo que plantea dudas sobre la protección de sus derechos. Ante esta problemática, se propone una Lege Ferenda que proteja el derecho a la propiedad del tercer comprador de buena fe frente a la incautación de su vehículo, siendo capaz este de solicitar la indemnización por daños y perjuicios por los hechos acontecidos. Esta medida busca establecer mecanismos justos y transparentes que eviten la incautación arbitraria de vehículos y promuevan la responsabilidad compartida en la prevención del contrabando. Bajo esta propuesta, se establecería que los compradores de vehículos usados están obligados a verificar si existe algún gravamen aduanero pendiente de pago. En caso de que se encuentre una deuda, se establecerían mecanismos para facilitar su pago y evitar la incautación del vehículo. Asimismo, se deberían establecer procesos transparentes y justos para determinar la buena fe del comprador y su falta de conocimiento sobre el contrabando.
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