Legítima defensa: análisis jurisprudencial y modificatoria 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación se basa en la figura de la legítima defensa contemplada en el artículo 20, inciso 3, del Código Penal peruano, especialmente tras su modificación en 2024 mediante la Ley N.o 32026. Esta norma introduce cambios relevantes, como la eliminación del requisito de proporcionalida...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Sotomayor Cruz, Dustin Hagner
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Ricardo Palma
Repositorio:URP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.urp.edu.pe:20.500.14138/9639
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14138/9639
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Legítima defensa
Proporcionalidad en derecho
Derecho penal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La presente investigación se basa en la figura de la legítima defensa contemplada en el artículo 20, inciso 3, del Código Penal peruano, especialmente tras su modificación en 2024 mediante la Ley N.o 32026. Esta norma introduce cambios relevantes, como la eliminación del requisito de proporcionalidad, estableciendo la racionalidad del medio empleado como criterio central, y amplía el análisis en casos de ingreso ilegítimo a inmuebles. El objetivo principal del estudio es comprender los factores sociales, jurídicos y subjetivos que inciden en la interpretación y aplicación de esta figura, analizando las percepciones de operadores jurídicos y ciudadanos. El enfoque metodológico es cualitativo, de tipo descriptivo-explicativo, y se desarrolló bajo un diseño fenomenológico. Se realizaron entrevistas a jueces, fiscales, abogados y ciudadanos de Lima Sur, además del análisis de sentencias judiciales. Las categorías analizadas incluyeron la racionalidad, la percepción del peligro, la inseguridad ciudadana y los estereotipos de género. Los principales resultados revelan una diversidad interpretativa respecto a la legítima defensa, tanto entre los operadores jurídicos como entre los ciudadanos. En su mayoría, se considera que el concepto no es claro para personas sin formación legal, y existe un debate en torno al uso de la proporcionalidad frente a la racionalidad. Asimismo, se identificó un impacto social directo de la inseguridad, así como la presencia de sesgos de género en ciertos casos judiciales. En conclusión, la modificatoria de 2024 representa un avance normativo que, para ser eficaz, requiere una aplicación judicial contextualizada, orientaciones normativas claras y un esfuerzo sistemático de difusión legal a nivel ciudadano. Se propone fortalecer los criterios de evaluación judicial y desarrollar guías claras que eviten arbitrariedades o abusos, promoviendo una legítima defensa eficaz que no desconozca el derecho objetivo ni los derechos fundamentales. Asimismo, se recomienda que los jueces consideren el contexto emocional, social y de género como elementos clave en su interpretación
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