El abuso de la autonomía del Ministerio Público y la garantía del debido proceso a través del control constitucional

• Autor: Ortiz Deza, Gissella Margoth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/3836
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/3836
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Disposiciones Arbitrarias; Derecho Constitucional; Ministerio Público; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Motiva la presente investigación, el hecho de haber vivido de cerca la arbitrariedad que cometen los Fiscales, quienes escudándose en su autonomía, con disposiciones arbitrarias lo cual podría caer en el supuesto de abuso de derecho al vulnerar el debido proceso produciendo impunidad, teniendo como resultado lógico un efecto social como es la desconfianza en el sistema de justicia penal, que al parecer tendría una orientación en defensa del imputado. Para verificar la posible vulneración del debido proceso que sirve de eje al derecho procesal penal, se estudian los actos en la investigación preliminar; tomando como referencia la autonomía del Ministerio Público y sus límites sometidos al control difuso que ejercen los jueces del Poder Judicial y el control concentrado del Tribunal Constitucional. Sobre el particular, en nuestra Constitución Política no existe una regulación expresa que se refiera en concreto a si las disposiciones fiscales pueden ser objeto de control constitucional; pero el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido; por ende, no puede ejercer sus funciones al margen de los principios y valores constitucionales y sin respeto a los derechos fundamentales; en tal sentido, el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene su sustento en el debido proceso, lo que significa que el Tribunal Constitucional tiene la potestad jurisdiccional de establecer criterios de razonabilidad y proporcionalidad que guíen la acción del control difuso para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las partes en la investigación y persecución del delito a cargo de los representantes del Ministerio Público.