La desobediencia a las medidas de protección y su doble tipificación según los artículos 122-B inciso 6 y 368 del Código Penal, en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar - Sede El Pedregal, 2021-2023

• Autor: Quispe Alvarez, Marbeli Lizuidt
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/20687
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/20687
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; Duplicidad normativa; Criterios jurisprudenciales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación que a continuación se presenta, tiene como objetivo determinar si existen criterios que la doctrina y la jurisprudencia consideran para la coexistencia de dos tipos penales que regulan una misma conducta punible, y la correcta y uniforme atribución de esta en función a lo señalado en el Articulo 122-B inciso 6 o el artículo 368 del Código Penal. Esta investigación es de carácter básica, de enfoque cualitativo, de tipo básico, con un alcance descriptivo-exploratorio, y con un diseño no experimental, el cual, a través del método exegético de la investigación y el empleo de las técnicas de análisis documental y entrevista, permitió recabar información doctrinaria, legal y jurisprudencial en relación con el tema de investigación, así como conocer la opinión derivada del conocimiento y experiencia profesional de abogados, fiscales y jueces entrevistados, misma que fue contrastada y analizada a la luz de lo estudiado en el plano teórico y legislativo. A raíz de ello, se concluye que, aunque existen criterios doctrinales y jurisprudenciales que respaldan la coexistencia de los artículos 122-B y 368 del Código Penal para regular el desacato a las medidas de protección en contextos de violencia de género, dicha duplicidad normativa genera inseguridad jurídica y una falta de uniformidad en la aplicación penal. La diversidad de interpretaciones y aplicaciones entre fiscales sugiere que una estructura normativa optimizada, mediante la derogación del último párrafo del artículo 368 del Código Penal, podría mejorar la claridad y coherencia jurídica, promoviendo así una protección más efectiva para las víctimas.