La constitucionalidad del depósito de garantía, como requisito para interposición del recurso de apelación, en la ley de contrataciones con el estado

• Autor: Salcedo Huamani, Robert
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/15864
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/15864
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Ciencias Sociales; Ciencia Politica; Administración Publica; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

En la presente investigación, “la constitucionalidad del depósito de garantía como requisito para interposición del recurso de apelación en la Ley de Contrataciones con el Estado”, se analiza si es legítimo o no el depósito de garantía, como requisito para la interposición del recurso de apelación. Cuando surge algún inconveniente en el transcurso del proceso de Contratación, cualquiera de los participantes del proceso puede impugnar mediante un recurso de apelación. Para que proceda dicho recurso impugnativo la Ley de Contrataciones y su Reglamento establecen que para su procedencia se debe otorgada deposito como garantía a favor de la Entidad o del OSCE, según corresponda, por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado. En esta investigación se evalúa, si es justificado constitucionalmente, es decir si es legítimo o no el depósito de garantía, como requisito para la interposición del recurso de apelación en la ley de contrataciones públicas, ya que el depósito es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional, por lo cual es necesario resolver esta situación jurídica que crea un abuso de derecho, lo cual es ilegale injustificado en tanto vulnera el derecho de defensa de los administrados en el curso del procedimiento de selección y asimismo casos de corrupción y direccionamientos en contrataciones con el Estado no están siendo denunciados; porque para su procedencia piden depósito de garantía.