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El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a internet en la constitución política de 1993

Descripción del Articulo

El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los abogados que ejercen en Lima Metropolitana en relación con la Ley 31878, que reforma la Constitución Política de 1993 para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental, y su impacto en los derechos al trabajo y a la...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Botto Cayo, Luis Fernando
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/25347
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/25347
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Internet
Derechos humanos
Derecho constitucional
Derecho a la educación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los abogados que ejercen en Lima Metropolitana en relación con la Ley 31878, que reforma la Constitución Política de 1993 para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental, y su impacto en los derechos al trabajo y a la educación. Justificado en el contexto de la creciente importancia del Internet como herramienta para el ejercicio de derechos fundamentales, el estudio empleó un diseño no experimental de enfoque mixto, con una metodología descriptiva y explicativa. La población estuvo conformada por 47,800 abogados, de los cuales se seleccionó una muestra de 380 mediante muestreo intencionado. Los resultados revelan una percepción mayoritariamente positiva sobre la Ley 31878 y su capacidad para reducir desigualdades, mejorar el acceso a la educación y fortalecer las oportunidades laborales. Sin embargo, se observan discrepancias en la valoración de la efectividad práctica de la reforma, especialmente en la implementación de derechos a través del Internet. Las conclusiones destacan la relevancia de la Ley 31878 como un avance significativo en el constitucionalismo peruano, subrayando la necesidad de políticas públicas inclusivas para garantizar su impacto efectivo en los derechos fundamentales.
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