El análisis costo-beneficio de las normas

• Autor: Mejía Trujillo, Elliot Gianfranco
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2008
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: UNMSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/3054
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12672/3054
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Análisis de costos; Derecho - Aspectos económicos - Perú; Derecho - Aspectos económicos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente trabajo de investigación se pretender dar a conocer un instrumento relativamente novedoso para la elaboración de las políticas públicas: el Análisis Costo Beneficio (ACB). Decimos que es relativamente novedoso debido a que sus inicios pueden rastrearse hasta el año 1844, en el cual el ingeniero, matemático y economista francés Jules Dupuit publicó el artículo De la Mesure de l´Utilité des Travaux Publics, en el que plantea una metodología para estimar el valor de las obras públicas que tenían que ser realizadas por el Estado en beneficio de la colectividad. Sin embargo, es recién en el siglo XX donde se empieza a utilizar esta herramienta de manera más sistemática. En efecto, durante dicho siglo diversos ingenieros y economistas van a empezar a emplear el ACB como un soporte técnico de sus teorías y también de sus proyectos empíricos. Como parte del desarrollo de la aplicación del ACB, hace unas décadas se propuso su utilización en la evaluación de las diversas normas que debe promulgar el Estado como parte del cumplimiento de sus funciones y además, como un medio de realizar las mismas. Un ejemplo de lo anterior son las dos órdenes ejecutivas que se expidieron en los años 1981 y 1994 en los Estados Unidos de América, durante los gobiernos de Reagan y Clinton respectivamente, en las que se establecían que se debía de aplicar el ACB en las regulaciones a nivel federal. Asimismo, es importante resaltar que, tal como se verá en el desarrollo de la investigación, a partir de la década pasada, en nuestro país también se ha empezado a utilizar esta técnica para la evaluación de las regulaciones del Estado, aunque no se han obtenido hasta el momento resultados alentadores.