Aplicación del principio de oportunidad en la ley 31288 responsabilidad administrativa funcional de la Contraloria regional, Huánuco, 2023-2024

• Autor: Rojas Reynalte, Ivan Cesar
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Repositorio: UNHEVAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/13333
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13080/13333
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Principio de oportunidad; Ley 31288; Responsabilidad administrativa funcional; Contraloría general; Órgano instructor; Control gubernamental; Huánuco; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El presente estudio tiene como finalidad examinar la manera en que se aplica el principio de oportunidad bajo el régimen de la Ley N.° 31288, conocida como la Ley de Responsabilidad Administrativa Funcional. El análisis se circunscribe a la Contraloría Regional de Huánuco durante el periodo 2023-2024. Dicha normativa establece un paradigma de control renovado en el ámbito administrativo funcional, cuyo propósito es sancionar las faltas cometidas por los funcionarios y servidores públicos en el desempeño de sus labores, siempre dentro de un marco de legalidad, eficiencia y proporcionalidad. Una de las características más destacadas de esta legislación es la inclusión del principio de oportunidad. Este se configura como un dispositivo legal que otorga al órgano instructor la facultad de abstenerse de incoar o de proseguir con un procedimiento administrativo sancionador, siempre y cuando tal decisión se considere más provechosa para la entidad pública. En este contexto, la investigación persigue determinar la forma en que dicho principio se está implementando en la práctica, identificar sus limitaciones y conocer los efectos concretos que genera sobre el sistema de control gubernamental en la región de Huánuco. La estrategia metodológica utilizada en este estudio se basa en un enfoque cuantitativo, de naturaleza descriptivo-explicativa, y sigue un diseño no experimental de corte transversal. Se administraron encuestas estructuradas tanto al personal que conforma el órgano instructor de la Contraloría Regional como a diversos especialistas en el ámbito del control gubernamental. La información recopilada posibilitó la evaluación del nivel de dominio de la normativa, la asiduidad con que se aplica el principio de oportunidad y los factores institucionales que inciden en su ejecución. Los hallazgos demuestran que, aunque existe un sustento legal que ampara la utilización del principio de oportunidad, su materialización enfrenta múltiples escollos prácticos y estructurales. Entre las problemáticas centrales que se han identificado, destacan la insuficiente capacitación especializada del personal, la inexistencia de directrices definidas, la precaria sistematización de criterios para su empleo y el peligro latente de una utilización discrecional o arbitraria. Esta situación ha resultado en una aplicación restringida y heterogénea del mencionado principio, lo cual menoscaba su objetivo de coadyuvar a un control administrativo más eficaz, selectivo y enfocado en resultados. Adicionalmente, se detectaron lagunas en la normativa que propician incertidumbre jurídica sobre las circunstancias específicas en las que es apropiado aplicar este mecanismo. A pesar de su valor potencial como herramienta para la racionalización del control, una implementación inadecuada puede poner en riesgo la transparencia de la institución y mermar la sanción efectiva de comportamientos funcionales que son reprobables. Como colofón general, se establece la imperiosa necesidad de fortalecer los criterios jurídicos y técnicos, ejecutar planes de capacitación permanente y estimular una filosofía institucional basada en la integridad, la valoración del mérito y la correcta interpretación de los postulados que gobiernan la responsabilidad administrativa funcional. Únicamente mediante la coordinación de estas estrategias será posible garantizar una implementación legal, coherente e imparcial del principio de oportunidad, lo que contribuirá a una administración pública más responsable, equitativa y eficiente.