La escasa existencia de centros de conciliación extrajudiciales en las zonas rurales de Ayacucho genera recargada carga procesal en la Administración de Justicia

• Autores: Guardia Lastra, Jorge Félix, Rodríguez Aquino, Paúl Eduardo, Carpio Sánchez, Nicolás
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Repositorio: UNHEVAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/4760
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13080/4760
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Escasa existencia; Conciliación; Extrajudicial; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Es una realidad harta conocida que en las zonas rurales, tales como la de Ayacucho, se desarrolla sistemas de administración de justicia locales priorizando la resolución pacífica de conflictos (ejemplo la Conciliación) debido a las barreras de acceso a la justicia existente y la experiencia comunal. Como es de conocimiento nacional existe ciertamente un abandono por parte del Estado para impartir una adecuada y oportuna justicia, dado que no se considera la realidad y la idiosincrasia de la población de las zonas rurales como en el caso de Ayacucho. Al año 2011 se tiene registrado un aumento significativo en la carga procesal en los juzgados civiles en Ayacucho pudiendo muchos de dichos conflictos ser solucionados en un Centro de Conciliación Extrajudicial, con lo cual aliviaría la carga procesal de los juzgados, la economía y celeridad procesal para aquellas personas que tienen una Litis que solo puede ser llevada en un proceso judicial, en la medida que los juzgados tendrían menos carga procesal. Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1070 publicado el 21 de octubre del 2012 señala que para el Distrito Conciliatorio de Huamanga es de aplicación obligatoria, en este dispositivo legal se establece que deja de ser una requisito para la admisión de una demanda el Acta de Conciliación; es decir, no obliga a los ciudadanos a acudir primero a un centro de conciliación. Para el año 2011 y 2012 la Gerencia del Poder Judicial señala el aumento de las demandas judiciales a nivel nacional en promedio considerando que 14 Distritos Judiciales, superaron el ratio de 1 magistrado por cada 10,000 habitantes, valor considerado por el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ) como representativo del acceso a la justicia. Siendo que la cifra de demandas para la Ayacucho en dichos años ha ido en aumento con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1070. Mediante este estudio se va determinar que efectivamente la falta de centros de conciliación extrajudicial en Ayacucho genera que los juzgados de Ayacucho estén resolviendo casos que pueden ser resueltos en una conciliación extrajudicial evitando la carga procesal de los juzgados Asimismo, vamos a demostrar que la escasa existencia de centros de conciliación extrajudiciales en las zonas rurales de Ayacucho genera recargada carga procesal en la administración de justicia del Distrito Judicial de Ayacucho Se va a definir si la falta de ventajas de la conciliación extrajudicial influye en la recargada carga procesal en la administración de justicia del distrito judicial de Ayacucho. Cabe mencionar que la falta de incentivos económicos para los conciliadores influye en la escasa existencia de Centros de Conciliación Extrajudicial en las zonas rurales de Ayacucho. En esta tesis el tipo de Investigación es la Cuantitativa, no experimental, siendo que Nivel de Investigación será el Diagnostico Evaluativo, Diseño descriptivo simple, y nuestra población serán Abogados y Litigantes. Como resultado de la investigación realizada se deduce que existe un incremento en la carga procesal en los juzgados de Ayacucho y profundizándose aún más la problemática con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1070. Agudizando el problema para las zonas rurales por la falta de centros de conciliación y su no obligatoriedad a acudir a estos centros alternativos, generando la permanencia de los conflictos y un estado de inestabilidad social y legal para las zonas de más bajos recursos como son las zonas rurales.