El principio garantía del debido proceso y la libre regulación de actuaciones arbitrales

• Autor: Mandujano Rubin, Jose Luis
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Repositorio: UNHEVAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/10169
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13080/10169
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Libertad de regulación de actuaciones; Debido proceso; Anulación de laudos arbitrales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación tuvo como objetivo nalizar si la libre determinación de las reglas arbitrales de las partes afecta el debido proceso arbitral peruano. Método. El enfoque fue cualitativo, se aplicó la Investigación – Acción para la identificación de los resultados, se analizó 10 sentencias de la Sala Comercial de Lima, la técnica y el instrumento fue el fichaje y la ficha de análisis de las sentencias, respectivamente. Resultados. La capacidad de las partes para regular las actuaciones arbitrales puede permitirles restringir ciertas garantías constitucionales, como la elección de un arbitraje de Conciencia en lugar de Derecho, lo cual puede alejar al árbitro de la aplicación estricta de la ley. Los casos presentados ilustran diversas situaciones relacionadas con la anulación de laudos arbitrales, donde se evidencia la importancia de respetar los acuerdos establecidos entre las partes y aplicar correctamente las normativas correspondientes. Conclusiones. En este contexto, la libertad de regulación de actuaciones arbitrales no es absoluto, tiene límites tales como el Principio de Igualdad, el Principio de Contradicción y el Principio de Confidencialidad, que son extensiones del Debido Proceso; si bien es cierto la autonomía de la libertad de las partes puede limitar ciertas garantías constitucionales (doble instancia, motivación de las resoluciones judiciales, resolución de derecho), estas son admitidas por la ley, es decir, el propio D.L. 1071 permite que se pueda limitar, por lo tanto, también el Principio de Legalidad es adecuado para establecer los márgenes sobre los cuáles se puede o no tomar una decisión. Ejemplo de este último son la imposibilidad de someter a arbitraje materias indisponibles y la imposibilidad de establecer acuerdos en el Acta de Instalación que puedan afectar el orden público.