Expediente administrativo: protección al consumidor, 1679-2005-cpc

• Autor: Fernández Melgarejo, Rossana
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Peruana de Las Américas
• Repositorio: ULASAMERICAS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:192.168.10.17:upa/970
• Enlace del recurso: http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/970
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho Penal; Derecho administrativo

Expediente Administrativo En el presente capítulo, luego de haber abordado los hechos más relevantes incluidos en el expediente materia de análisis, corresponde emitir mi opinión al respecto de lo resuelto tanto por la Comisión como por la Sala. Para ello, se debe evaluar si Walt Dent SCRL infringió el deber de idoneidad respecto al tratamiento odontológico prestado al señor Norman Raúl Sánchez Julián. La denuncia del señor Sánchez fue admitida como una presunta infracción al deber de idoneidad establecido en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor1, el cual establecía que “Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde”. Dicha norma imponía al proveedor la responsabilidad de brindar un servicio idóneo, de acuerdo a las condiciones y características ofrecidas al consumidor. Es decir, que al momento de prestar el servicio, este debe cumplir con las condiciones y características ofrecidas previamente por el proveedor (garantía expresa) o, cuando ello no se haya dado, que el servicio cumpla con las finalidades esenciales para las que se ha contratado (garantía implícita). Expediente Penal Los hechos materia de análisis fueron calificados como homicidio calificado -Asesinato, delito se encuentra tipificado en el artículo 108º del Código Penal vigente. La noticia criminis, fue dada a conocer por el padre de la agraviada, quien se presentó en la comisaría del lugar señalando el hallazgo de su hija Mónica Maribel Jimenez Orihuela; conocidos lo ocurrido, personal policial se apersonó hasta el lugar de los hechos donde encontró el cuerpo sin vida de Mónica, por lo que se iniciaron las investigaciones, logrando así intervenir a Javier Ysarbe Toribio, quien aceptó ser el autor de los hechos. Durante la investigación policial, se llevaron a cabo algunas diligencias, en la cuales estuvo presente el representante del Ministerio Público, por lo que en aplicación del artículo 62º y 72º del Código de Procedimientos Penales estas diligencias tendrían valor probatorio.