El derecho a pensión de alimentos y vulneración al principio de celeridad procesal, como garantía constitucional, en el juzgado de paz letrado de Yungay, Áncash-2024

• Autor: Espinoza Henostroza, Yalu Katerin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/42673
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/42673
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Pensión de Alimentos; Celeridad Procesal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tuvo como objetivo general describir la manifestación del derecho a pensión de alimentos y el principio de celeridad procesal como garantía constitucional en el Juzgado de Paz Letrado de Yungay, Áncash – 2024. El estudio fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental, transversal. La población estuvo conformada por 20 abogados del distrito judicial, a quienes se aplicó una encuesta estructurada con escala de Likert. Los resultados evidenciaron que el 50 % de los encuestados indicó que siempre existe facilidad para iniciar el proceso judicial y el 50 % afirmó recibir información oportuna. Asimismo, el 100 % señaló puntualidad en los pagos de la pensión alimenticia, demostrando un adecuado cumplimiento de las resoluciones. Sin embargo, el 100 % expresó insatisfacción con los resultados del proceso, revelando carencias en la eficacia jurisdiccional. En relación con el principio de celeridad, el 75 % consideró que se cumplen los plazos procesales, aunque el 80 % identificó retrasos o reprogramaciones injustificadas. Además, el 75 % indicó que nunca se emplean herramientas tecnológicas para agilizar los trámites, limitando la eficiencia del servicio judicial. Se concluye que, si bien el derecho a pensión de alimentos se cumple en la mayoría de los casos, persisten deficiencias en la celeridad procesal, especialmente por la falta de innovación tecnológica y la sobrecarga laboral, lo que afecta la satisfacción de los beneficiarios y la eficacia del sistema judicial.