Aplicación del artículo 2. inciso 24 – f de la Constitución en detenciones del Departamento de Delitos, Comisaria Alfonso Ugarte, Lima 2025

• Autor: De la Torre Castro, Carlos Eduardo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/43264
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/43264
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos Humanos; Afectación a los Derechos; Mecanismo de Control; Detenciones en Flagrancia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación del artículo 2, inciso 24, literal f, de la Constitución Política del Perú en las detenciones por flagrancia realizadas por el Departamento de Delitos de la Comisaría Alfonso Ugarte. La metodología empleada fue de tipo cuantitativa, con un diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por abogados litigantes y miembros de la policía nacional del Perú. En cuanto a los resultados, se encontró que el 46.6% de los encuestados percibe un alto respeto a la Constitución en las detenciones por flagrancia, frente a un 53.4% que considera su aplicación deficiente o parcial. Asimismo, un 60% señaló que los derechos fundamentales son respetados, aunque un 40% evidenció vulneraciones recurrentes. De manera crítica, un 33.3% de los participantes indicó haber intervenido en casos de detenciones con afectación de derechos, lo que confirma la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión. Las conclusiones reflejan que, si bien existe un nivel aceptable de respeto al marco constitucional, persisten deficiencias en la aplicación uniforme de los criterios de flagrancia y en la garantía plena de derechos. En consecuencia, se recomienda fortalecer la capacitación policial en normativa constitucional y procesal, así como reforzar el control judicial y la intervención temprana de defensores públicos para garantizar la legitimidad de las detenciones.