Análisis del procedimiento administrativo por violencia familiar, expediente N° 42-2021; Inspectoría de la Región Policial de Ayacucho. 2024

• Autor: Huillcahuari Arotoma, Eliazil
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/39510
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/39510
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Impunidad; Procedimiento Administrativo Disciplinario; Violencia Familiar; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El estudio tiene como problema de investigación: ¿Cuáles son las características del procedimiento administrativo por violencia familiar en el expediente N° 42-2021; Inspectoría de la Región Policial de Ayacucho?; el objetivo general es Describir las características del procedimiento administrativo por violencia familiar recaído en el expediente N° 42-2021; el estudio se realizó a través de un enfoque descriptivo y no experimental, se busca analizar cómo se llevan a cabo estos procedimientos, destacando la relevancia del tema y la accesibilidad de los datos como criterios de selección, se aplicaron técnicas de recolección de datos como la observación y el análisis de contenido utilizando una guía de observación como instrumento. criterios utilizados para la selección de casos incluyeron aquellos que ya habían concluido, garantizando así el respeto al principio de reserva, y que contaran con pronunciamientos de primera y segunda instancia administrativa policial, específicamente en investigaciones administrativas disciplinarias por actos de violencia familiar. Los resultados revelaron: se destaca la importancia de la documentación inicial, como partes policiales e informes médicos. Las partes involucradas presentaron demandas opuestas: la víctima buscó protección y sanciones, mientras que el agresor intentó justificar su conducta. En la primera resolución, se valoraron pruebas diversas, subrayando la necesidad de una evaluación justa. La Inspectoría priorizó la protección de la víctima, aunque surgieron dudas sobre los derechos del acusado. El apelante cuestionó la decisión inicial, y el Tribunal de Disciplina Policial concluyó que no había pruebas suficientes para sostener la responsabilidad del acusado, enfatizando así la relevancia del debido proceso y el papel del Tribunal en garantizar un análisis objetivo.