El derecho a la defensa de los administrados en el marco del procedimiento administrativo sancionador, acciones legales desde L7M Lawyers and Consulting S.A.C. en el marco de las contrataciones con el estado

• Autor: Mendoza Huancahuari, Fernando Pablo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Inca Garcilaso de la Vega
• Repositorio: UIGV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uigv.edu.pe:20.500.11818/9640
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.11818/9640
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: procedimiento administrativo sancionador; ley del procedimiento administrativo general; derecho a la defensa; principios del derecho adminstrativo; osce; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Esta investigación busca presentar un análisis de las implicancias para la defensa de los derechos a los administrados en el marco del PAS. En ese sentido, se presentan los principales alcances desde las acciones legales realizadas a través de L7M Lawyers and Consulting S.A.C. (en adealnte, Lawyers and Consulting) en el marco de las contrataciones con el Estado. Cabe indicar además que, Lawyers and Consulting, se especializa -entre otros aspectos- en la procuraduría de casos en torno a PAS y, además, a contrataciones con el Estado. Por lo que, la función de la empresa es llevar a cabo las diligencias y escritos referidos a dichos PAS, tales como la presentación de descargos, levantamiento de observaciones, recursos impugnativos, apelación y , de ser el caso, la presentación de las demandas ante un proceso contencioso administrativo. Ahora bien, el PAS esta regulado en el TUO de la Ley N.° 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispuesto mediante el Decreto Supremo N.° 004 2019 JUS (en adelante, LPAG) y para el caso en concreto de las contrataciones con el Estado, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado – OSCE (en adelante, TUPA OSCE). Sin embargo, ambas normas están sujetas a interpretaciones particulares de parte del Estado, que en su mayoría, quebrantan el principio de predictibilidad, vulnerando así el derecho a la defensa de los administrados. Asimismo, en su mayoría de casos, se obvia que la debida notificación es también una vulneración al derecho a al defensa, por lo que se propone mejoras para superar la brecha normativa.