LA INCRIMINACIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LEONCIO PRADO, 2016

• Autor: Blas Ventocilla, Jorge Luis
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad de Huánuco
• Repositorio: UDH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.udh.edu.pe:123456789/1052
• Enlace del recurso: http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/1052
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho

El derecho a la No Incriminación se encuentra debidamente reconocido en los Tratados Internacionales que nuestro País ha suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos recordar que el derecho a la No Incriminación se encontraba expresamente reconocido en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2° inciso 20 numeral K; sin embargo no fue reconocido expresamente en la Constitución de 1993, que limita en su artículo 2° inciso 24 numeral g, el contenido del derecho a la No Incriminación a la prohibición de violencia física o moral. A pesar de ello y de encontrarse positivizado tanto a nivel constitucional y en la legislación procesal, existe en la práctica cotidiana un desconocimiento del contenido de este derecho. Actualmente se ha cuestionado públicamente el silencio de algunos investigados o su renuncia a colaborar con las investigaciones. Silencio que si bien puede ser éticamente reprochable por la naturaleza de la acusación, es jurídicamente permitido. En el llano y en el quehacer de cada día de los tribunales, es común observar que muchos jueces sustentan sus resoluciones judiciales condenatorias con frases como “teniendo en cuenta, además que el procesado estuvo renuente a colaborar con la justicia a pesar de ser debidamente exhortado…,” lo que evidencia un desconocimiento del derecho a la no Incriminación. En la Historia reciente de nuestra legislación procesal, la misma Ley ordenaba valorar los atestados policiales, realizados en dependencias donde no se emplean mecanismos procesales tendientes a garantizar el ejercicio de este derecho.