Capitalización forzosa de las utilidades correspondientes a los titulares de acciones preferentes de las CMAC como consecuencia de disposiciones gubernamentales como las contenidas en los Decretos de Urgencia N.° 053-2020, N.° 018-2021 y el derogado N.° 003-2024

• Autor: Zapata Morey, Luis Miguel
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/7818
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/7818
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Ampliación de capital -- Legislación -- Análisis; Cajas de ahorros -- Aspectos jurídicos; Derecho y Covid-19; D347.7; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La tesis aborda el conflicto jurídico generado por la capitalización forzosa del 100% de las utilidades de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en Perú, impuesta por el Poder Ejecutivo a través de los Decretos de Urgencia (DU) N.° 053-2020, N.° 018-2021 y N.° 003-2024, correspondientes a los ejercicios económicos 2019, 2020 y 2023. Estas medidas excepcionales fueron dictadas con el objetivo de fortalecer patrimonialmente el sistema microfinanciero y asegurar la solvencia de las CMAC ante escenarios de estrés financiero derivados de la pandemia por COVID-19, fenómenos climatológicos y conflictos sociales. El problema central es determinar si este mandato de capitalización total contraviene o desplaza el derecho estatutario y contractual de los titulares de acciones preferentes (sin derecho a voto), como el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC) en el caso específico de Caja Ica, a percibir su dividendo preferente. La tesis resuelve esta antinomia jurídica determinando que los Decretos de Urgencia prevalecen sobre la Ley General de Sociedades (LGS). Esta primacía se fundamenta en el principio de especialidad, ya que los DU son normas especiales y temporales que regulan una situación concreta capitalización obligatoria para CMAC) frente a la LGS, que es una norma general. Desde una perspectiva constitucional, la obligatoriedad de capitalizar las utilidades, incluso afectando los derechos a dividendos preferentes, es una medida legalmente válida y se justifica por la necesidad de proteger un bien jurídico superior: el mandato constitucional de garantizar el ahorro del público y la estabilidad del sistema financiero (artículo 87 de la Constitución). Si bien la intangibilidad contractual está protegida, no es un derecho absoluto y puede ser limitada por normas imperativas justificadas en la defensa del interés público. No obstante, la tesis critica que la capitalización forzosa del 100%, al anular la expectativa de renta fija, resulta una medida desproporcionada que desnaturaliza la inversión preferente y genera desconfianza en el mercado de capitales peruano. Como propuesta de política legislativa, la tesis plantea que los futuros Decretos de Urgencia, además de establecer la capitalización obligatoria, deben incluir mecanismos de compensación para los accionistas preferentes, como la emisión de nuevas clases de acciones con derechos preferenciales acumulativos. De esta manera, se garantiza que el pago de los dividendos no percibidos se efectúe una vez superada la crisis, logrando un equilibrio entre la salvaguarda de la estabilidad del sistema financiero y el respeto por los derechos adquiridos.