Control de legalidad de la detención policial en flagrancia delictiva en el Ministerio Público, Lima Norte, 2021

Descripción del Articulo

La investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo, tipo básico y diseño fenomenológico. En el contexto de la problemática asociada a las detenciones policiales, y sí los fiscales realizan el control de legalidad de dicha medida. El objetivo fue determinar cuál es el deber del Ministerio Púb...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Mio López, José Joel
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/77895
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/77895
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Delitos (derecho penal) - Perú
Asistencia legal
Perú. Ministerio Público. Fiscalía de la Nación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:La investigación fue realizada bajo el enfoque cualitativo, tipo básico y diseño fenomenológico. En el contexto de la problemática asociada a las detenciones policiales, y sí los fiscales realizan el control de legalidad de dicha medida. El objetivo fue determinar cuál es el deber del Ministerio Público al tomar conocimiento de una detención por flagrancia delictiva. Se tuvo como escenario el distrito de Carabayllo. Como objetivos específicos se planteó determinar cuál es la primera autoridad que debe efectuar la verificación de la legalidad de la detención en flagrancia, y sí existe verificación de la legalidad de la detención por parte del Ministerio Público. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de entrevista y análisis documental, fue que los fiscales comprenden la necesidad de realizar el control de legalidad de la detención policial en flagrancia delictiva, sin embargo, no lo realizan. Se obtuvo como conclusión que el Ministerio Público tiene el deber de realizar el control de legalidad de la detención en flagrancia. Este control debe efectuarse de oficio desde que se conoce la medida, a fin de cautelar no solo los derechos fundamentales del afectado, sino también evitar la exclusión de fuentes de prueba y nulidades procesales.
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