La necesidad de regular las situaciones de enriquecimiento sin causa en la normativa de contrataciones del Estado 2019

Descripción del Articulo

El Sistema Nacional de Abastecimiento, establecido por el Decreto Legislativo N°1439, tiene como objetivo garantizar la eficiencia en las actividades de la cadena de abastecimiento público, bajo el enfoque de gestión por resultados. A su vez, la Ley N°30225 y su reglamento buscan maximizar el uso de...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Yábar Blanco, Antonio Armando
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/166583
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/166583
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Contratos
Administración pública
Legislación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Descripción
Sumario:El Sistema Nacional de Abastecimiento, establecido por el Decreto Legislativo N°1439, tiene como objetivo garantizar la eficiencia en las actividades de la cadena de abastecimiento público, bajo el enfoque de gestión por resultados. A su vez, la Ley N°30225 y su reglamento buscan maximizar el uso de los recursos públicos, asegurando contrataciones oportunas y en las mejores condiciones de precio y calidad, para cumplir con los fines públicos y mejorar la vida de los ciudadanos. A pesar de este marco legal, pueden surgir situaciones donde un proveedor ejecute prestaciones sin un contrato válido o con un contrato posteriormente anulado. Esto puede ocurrir por errores administrativos o mala praxis de los funcionarios, lo que genera un enriquecimiento sin causa. Este concepto se refiere al empobrecimiento del proveedor y el enriquecimiento indebido de la entidad pública, en el que se aplicaría el artículo 1954 del Código Civil. La normativa vigente no contempla específicamente estas situaciones excepcionales, lo que obliga a los proveedores a recurrir a la vía judicial, un proceso largo y costoso para todas las partes involucradas. Esto implica un perjuicio económico al Estado, que podría haberse evitado si existiera una regulación que resolviera estos casos de manera administrativa
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