Evaluación de la Implementación de las Políticas Públicas de Reparaciones en salud mental, para atender las secuelas de la Violencia Política en el Perú del período 1980 al 2000 en regiones priorizadas

• Autor: Zapata Guizado, Rosa María
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/27350
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/27350
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Violencia Política; Salud Mental; Políticas Públicas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

La presente investigación denominada “Evaluación de la Implementación de las Políticas Públicas de Reparaciones en Salud Mental, para atender las Secuelas de la Violencia Política en el Perú, del periodo 1980 al 2000 en regiones priorizadas ” ,se realizó a través de la Investigación cualitativa, método naturalista, estudio de casos y análisis documental de diversas fuentes de información, con el objetivo de analizar si el Estado implementó adecuadamente las reparaciones de Salud Mental a los afectados de la violencia política. Las entrevistas que se realizaron a los especialistas y los testimonios de las víctimas de la violencia de las regiones priorizadas, certifican que existen secuelas a nivel individual, familiar y comunitario; sin embargo, en la actualidad aún no sienten haber sido reparadas en su salud mental. El Estado a través del Sector Salud implemento la Ley Nº 28592 en el componente de salud mental desde el año 2000, a través de Equipos multidisciplinarios, transferencias presupuestales, Resoluciones Ministeriales que aprobaron Documentos Técnicos Normativos en beneficio de las víctimas del periodo de violencia 1980 al 2000, sin embargo la implementación ha sido deficiente, porque las víctimas no concebían importante la salud mental, los profesionales de salud por el estigma no brindan una atención de calidad y buen trato, los pliegos regionales y los gestores no priorizan el presupuesto y en el marco de la Ley de descentralización y la autonomía de las regiones trasladan el presupuesto para cubrir otras prioridades regionales. En conclusión, la salud mental es derecho de las víctimas de la violencia del periodo de 1980 al 2000 y depende del bienestar general, que es responsabilidad multisectorial, enmarcada en la satisfacción de necesidades básicas, la estabilidad y confianza en las autoridades, de lo contrario son vulnerables a presentar a lo largo de su vida un problema o trastorno de salud mental por los hechos vividos en el pasado.