La percepción de la aplicación de estrategias normativas propuestas por el Estado en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014

• Autor: Rojas Vidal, Carlos Alberto
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/8026
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/8026
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Estrategias normativas; Estado; Corrupción; Entidades públicas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02

La presente investigación, titulada “La percepción de la aplicación de estrategia normativas propuestas por el Estado en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014”, tuvo como objetivo general establecer si la percepción de la aplicación de estrategias normativas propuestas por el Estado constituye un elemento disuasivo en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014. La investigación fie de tipo descriptivo, diseño correlacional y se realizó con una población total conformada por 41 funcionarios de la Contraloría General de la República, a quienes se aplicó un cuestionario compuesto por 45 preguntas. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se llegaron a las siguientes conclusiones: - La percepción de la aplicación de estrategias normativas propuestas por el Estado no contribuye en la lucha contra la corrupción de las Entidades Públicas Lima 2000-2014, pues se advierte que las estrategias normativas en la lucha contra la corrupción no tiene buenos resultados, por cuanto las medidas no resultan ser las correctas, no hay avances notorios, no son ejemplificadoras ni tampoco disuasivas. - El cumplimiento normativo por parte del Estado (Poder Judicial) no permite disminuir la corrupción en las Entidades Públicas, en la medida que no hay rigurosidad en la aplicación de penas y estas deben ser más elevadas. - Las Instituciones Públicas no promueven la contratación de funcionarios especializados y moralmente aptos para trabajar en la administración pública, a pesar que hay consenso en que la administración pública se rige bajo principios éticos y que el código de ética es un instrumento que ayuda a la lucha contra la corrupción, para la contratación de sus funcionarios de confianza la gran parte de los encuestados opinan que se obvian estos principios, contratándose bajo supuestos de amicalidad y recomendación. - La legislación vigente y las penas contempladas si son suficientes para desincentivar los actos de corrupción en las Entidades Públicas, pues las penas impuestas a los delitos de corrupción resultan ser disuasivas. No obstante, su aplicación debe ser rigurosa imponiéndose las máximas penas para los delitos por corrupción.