La interpelación a la autoridad pública representativa sobre su desempeño funcional como contenido del derecho de control ciudadano

• Autor: Larry Jhonatan, Yovera Roman
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/45705
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/45705
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Funcionarios públicos - Aspectos legales - Perú; Sanciones administrativas - Perú; Participación ciudadana - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo de investigación titulado “La interpelación a la autoridad pública representativa sobre su desempeño funcional como contenido del derecho de control ciudadano”, se desprende del problema consistente en lograr saber cuáles son los fundamentos para poder interpelar a la autoridad pública representativa sobre su desempeño funcional, conforme a la Ley N° 26300 “De los Derechos de Participación y Control Ciudadano”, cuya hipótesis consistía en que los fundamentos para interpelar a la autoridad pública representativa sobre su desempeño funcional se hallan en el contenido conceptual de la rendición de cuentas, lo cual finalmente fue demostrado. Se planteó como objetivo general el de determinar la posibilidad de la interpelación a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales sobre su desempeño funcional según los alcances conceptuales de la rendición de cuentas, siendo que tales alcances hacen realmente factible la posibilidad planteada por el presente trabajo. Así mismo, se empleó para la recolección de datos una entrevista de cinco preguntas que fue aplicada a políticos piuranos, entre ellos algunas autoridades públicas representativas elegidas en las últimas y recientes elecciones regionales y municipales, así como a abogados con especialidad en Derecho Constitucional, obteniendo como resultados que la interpelación a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales no debe ser negada, además por estar ligada a los preceptos conceptuales de los derechos políticos y del buen gobierno, así mismo que las exigencias de la ley 26300 – Ley de los derechos de participación y control ciudadano para instar la rendición de cuentas devienen en excesivas, debiendo incidir en ello.