Responsabilidad estatal con los derechos fundamentales de internos infectados por covid-19 con prisión preventiva por crimen organizado

• Autores: Laura Barrera, Orlens Ronald, Morales Rojas, Veronica Maria
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/57323
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/57323
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos fundamentales; Prisión preventiva; COVID-19 (Enfermedad); https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si ¿existe responsabilidad estatal en el respeto de los derechos fundamentales de internos infectados por covid-19 con prisión preventiva por crimen organizado? El objetivo de la investigación fue delimitar la responsabilidad estatal en el respeto de los derechos fundamentales de internos infectados por covid-19 con prisión preventiva por crimen organizado. Este trabajo se justifica en el exceso de la prisión preventiva, siendo esta medida cautelar una excepción y no una regla general, asimismo, los diferentes riesgos que puede afrontar el procesado por crimen organizado durante su internamiento, pudiendo llegar a contagiarse o en el peor de los casos morir. El enfoque de esta investigación es cualitativo, tipo básico, el diseño aplicado es el fenomenológico, como técnica e instrumentos de recolección de datos se empleó la entrevista la cual estuvo constituida por 7 preguntas. Finalmente, se llegó a la conclusión que hay un abuso excesivo por parte de los fiscales que solicitan prisión preventiva por crimen organizado, ello conlleva al hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, siendo la detención domiciliaria una medida alternativa viable ante este problema, como privación de manera provisional de la libertad personal, cuando se constate que se encuentran en circunstancia de riesgo la salud del interno. El estado tendrá responsabilidad penal por los daños causados a los internos infectados por covid-19 con prisión preventiva por crimen organizado y consecuente muerte, cuando se acredite que sus derechos fundamentales fueron vulnerados.