Vulneración Del Derecho De Defensa Del Demandado En El Proceso Especial De Otorgamiento De Medidas De Protección En La Ley N° 30364.

• Autores: Garro Acosta, Mariluz Alina, Moreno Mantilla, Juliana Elizet
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/36501
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/36501
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Violencia Familiar; Ley N° 30364; Debido Proceso; Derecho de Defensa; Plazo Razonable; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En la actual investigación ponemos en énfasis la discusión inacabable en la que se viene desarrollando la figura del proceso por violencia en el entorno familiar y la afectación a los derechos de defensa en el Perú, regulada en la Ley N° 30364, a efectos de determinar la manera en que el trámite del proceso por violencia familiar afecta el derecho a la defensa del demandado. De modo tal que la presente tesis, se encuentra enfocada en una investigación jurídica-dogmática, transversal, descriptiva, no experimental. Constituyendo, la unidad de análisis en el estudio de la doctrina, la norma y la jurisprudencia, empleándose cómo técnicas el análisis de contenido y el fichaje, para lo cual se emplearon las fichas de análisis de contenido y las fichas textuales como instrumentos respectivamente. Empleándose, el método exegético, hermenéutico y la argumentación jurídica. Trabajo de investigación, en el que luego de un análisis del estado de la cuestión, posturas doctrinarias y las garantías procesales. Se ha conseguido determinar que la regulación de la Ley N° 30364 trae consigo una serie de vulneraciones constitucionales al denunciado, tales como la transgresión de derechos de defensa, derecho de contradicción, debido proceso y derecho al plazo razonable. En ese sentido, se considera importante, postular como mecanismo de solución, la corrección del artículo 16° de la mencionada ley, en el sentido de ampliarse el plazo de 48 horas desde la realización de la denuncia para que el juez competente lleve a cabo la audiencia oral y decida referente a las medidas de protección.