Sistema de garantías procesales en la responsabilidad penal de personas jurídicas, Chepén, 2024

Descripción del Articulo

En la presente tesis se planteó como objetivo general el determinar qué sistema de garantías procesales es aplicable en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como ODS, se tuvo el número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas. La investigación presenta un enfoque cualitativo, tipo básic...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Garcia Bardales, Aresis Eliana
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/164373
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/164373
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Sistema de garantías
Responsabilidad penal
Personas jurídicas
Sistema administrativo
Sistema penal
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:En la presente tesis se planteó como objetivo general el determinar qué sistema de garantías procesales es aplicable en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como ODS, se tuvo el número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas. La investigación presenta un enfoque cualitativo, tipo básico y un diseño fenomenológico. Del resultado, se obtuvo consenso en mencionar que para seleccionar un sistema de garantías procesales adecuado para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es esencial tener en cuenta criterios y principios que aseguren una aplicación justa y proporcional en línea con el derecho comparado, por lo que se destacan principios claves como el principio de proporcionalidad y equidad, el de legalidad y precisión normativa, la garantía de derecho de defensa, la responsabilidad autónoma vs. Derivada, el de prevención y compliance, y el de colaboración en la investigación. Finalmente se arribó a la conclusión que la responsabilidad penal de una persona jurídica puede ser excluida si la empresa implementa de manera efectiva sistemas de prevención de lavado de activos (compliance) en sus operaciones comerciales. Esto responde a un enfoque de política criminal en el que el Estado delega parte de su tarea de persecución penal a las empresas privadas.
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