Efectividad de las sentencias por incumplimiento de obligación alimentaria en el distrito de Mi Perú (2019-2020)

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación buscó determinar el grado de efectividad de las sentencias por incumplimiento de obligación alimentaria del distrito de Mi Perú emitidas durante el periodo 2019-2020. Para ello, a través de un enfoque cualitativo, se utilizó la metodología de tipo básica con el d...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Machaca Gil, Elena Luisa
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/104915
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/104915
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Derecho y legislación
Derecho a la alimentación
Delitos por omisión
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Descripción
Sumario:El presente trabajo de investigación buscó determinar el grado de efectividad de las sentencias por incumplimiento de obligación alimentaria del distrito de Mi Perú emitidas durante el periodo 2019-2020. Para ello, a través de un enfoque cualitativo, se utilizó la metodología de tipo básica con el diseño de investigación-acción, asimismo, dada la naturaleza del planteamiento del problema de estudio, se realizó la recolección de datos utilizando tres técnicas como son la entrevista, el análisis documental y la observación participante; y, los instrumentos respectivos como son la guía de entrevista, guía de análisis documental y guía de observador, concluyéndose que dichas sentencias emitidas en dicho periodo temporo-espacial han tenido un grado medio alto de efectividad en la medida que el 63% de las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil fijadas han sido cumplidas; que la causa principal de incumplimiento obedece a la falta de capacidad económica del sentenciado, lo cual afecta ineludiblemente la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente del “derecho de ejecución de resoluciones judiciales firmes”, por lo que el Ministerio Público, encargado del control de las mismas, según disposición procesal, así como el órgano jurisdiccional deben actuar en conjunto para garantizar dicho derecho, en “interés superior del niño”.
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