El régimen provisional de contratación administrativa de servicios en las entidades del sector público, Perú 2022

Descripción del Articulo

El régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, denominado CAS, nace bajo el Decreto Legislativo N° 1057, no encontrándose sujeta a la carrera Administrativa, tampoco al régimen laboral privado, siendo un contrato transitorio o temporal, con ello vulnerando la estabilidad laboral y...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Tantavilca Chuquillanqui, Hugo Carlos
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/123661
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/123661
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Efectos legales
Relación laboral
Inestabilidad laboral
Contrato temporal y derecho del trabajo
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, denominado CAS, nace bajo el Decreto Legislativo N° 1057, no encontrándose sujeta a la carrera Administrativa, tampoco al régimen laboral privado, siendo un contrato transitorio o temporal, con ello vulnerando la estabilidad laboral y desnaturalizando los contratos sobre actividades permanentes, afectando el acceso a remuneraciones justas y equitativas, denotando un desmedro en los beneficios sociales, tiene como objetivo explicar si los efectos legales del régimen provisional de contratación administrativa servicios CAS, vulneran los derechos laborales de los trabajadores en las entidades del sector público en el Perú 2022. Metodología de tipo básico, enfoque cualitativo, nivel descriptivo, como resultados los entrevistados indicaron, que el régimen de Contratación Administrativo de Servicios es un mecanismo contractual que no ha servido para satisfacer los derechos e intereses de los trabajadores, solo ha beneficiado al Estado para suprimir el exceso de la carga burocrática, como conclusiones, se vulnero los derechos laborales de los trabajadores del sector público, pues el Estado no cauteló la remuneración equitativa de los trabajadores que realizan las mismas funciones y asimismo no protege los beneficios sociales.
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