El derecho del agraviado para intervenir en el nuevo Código Procesal Penal como acusador particular

• Autor: Vásquez Carlos, César Wilfredo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/122781
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/122781
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Delitos; Agravantes; Código procesal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación analiza la tendencia mayoritaria que asume la doctrina extranjera de la implementación en la Legislación Procesal Penal del llamado acusador particular, es decir que cualquier persona perjudicada o agraviada por la comisión de un hecho punible en su contra pueda formular acusación penal frente a su agresor o propiamente dicho ejercer la acción penal. La doctrina extranjera en especial, la Doctrina Colombiana parte de la idea de " que la acción penal también sea ejercida por la víctima o por las autoridades administrativas en los casos y condiciones que determine la Ley ... ", puesto que contribuirá a "reducir la congestión judicial lo que generara mayores niveles de acceso a la Justicia y reducir la impunidad". No es infrecuente que las víctimas o los perjudicados por acciones delictivas se quejen, una vez concluido el proceso penal que no es justa la pena que se la ha impuesto al autor del hecho punible en su contra o más aun no alcanzan a comprender como es posible que el Juez por su potestad discrecional imponga una pena cond iciona l al imputado sujetas a ciertas reglas de conducta, cuando consideran ellos que debió ser una pena efectiva por el impacto psicológico que sufrieron o por los costos económicos (Contratación de un Abogado defensor, permiso laborales para intervenir en las Diligencias que en la mayoría de los casos no le son remunerados, etc,) sumado a la demanda de tiempo que genera un proceso penal hasta su conclusión. Ante tal problemática antes mencionada, es que nace la figura del acusador particular, que está siendo aceptada en Legislaciones Procesales Penales como: España, Colombia, Costa Rica, cuyos objetivos son: 1.- La ampliación de la legitimación de la participación del agraviado en el Proceso Penal y 2.- Que el ejercicio de la acción penal no sea exclusivamente del ente Estado, es decir del Ministerio Publico. En el primer caso, se le da mayores facultades de intervención al agraviado tales como el ejercer su derecho a apelar una sentencia absolutoria dada al autor del hecho punible en su contra, o a su derecho a apelar una sentencia con pena condicional impuesta al imputado, etc .. La Presente investigación se centra en este primer punto, a efectos de explicar la experiencia teoría, normativa que en influye en el agraviado y la respuesta que le da el Derecho Comparado hacia ello. En el segundo caso, que el ejercicio de la acción penal no sea exclusivamente del Ministeri o Publico debido a que este ente del Estado no destina la mayor parte de sus re cursos humanos y materiales a investigar los delitos de menor impacto o pequeñas causas penales, (Lo za no, 2012) y por otro lado a que en la práctica muchas veces muestra su conformidad con la pena condicional o sentencia absolutoria impuesta al imputado, sin tener en cuenta el impacto psicológico o la amenaza que tendrá que afrontar el agraviado de volver a ver en un futuro a su agresor en las calle s . El presente trabajo delimita su objeto de estudio en el Distrito de Lima, debido a que es la ciudad que cuenta con mayores años en la implementación de dicho sistema procesal penal y por su ubicación geográfica. En ese sentido, conforme al análisis efectuado en la presente tesis se concluye que creando la figura del acusador particular, y su implementación en el Sistema Procesal Penal Peruano se amplía la legitimación de la participación del Agraviado en el proceso, que no solo buscara la reparación civil por el daño causado sino la reducción de la impunidad.