Análisis de los criterios discrepantes sobre aplicación de normas de consumo a entidades públicas prestadoras de salud, conforme al principio de igualdad

• Autor: Cornejo Ortega, Liz Ninoska
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/27855
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/27855
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Relación de Consumo; Normas de Consumidor; Discriminación Positiva; Servicios de Salud; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación se desarrolló bajo la perspectiva del principio de igualdad, aplicado a las prestaciones de servicios en entidades públicas que prestan servicio s de salud. Este trabajo sustenta que las normas de consumo se desarrollan como una acción legislativa basada en discriminación positiva que desarrolla el Estado debido a la desventaja de posición contractual que tiene el consumidor en el mercado y por tanto están deben ser únicamente aplicadas en relaciones de consumo dentro de un mercado donde la ley de oferta y demanda determinan la elección del proveedor, razón por la cual no pueden y no procede que se apliquen a prestaciones de servicios públicos, cuya naturaleza y contexto es completamente diferente. La metodología corresponde a un estudio cualitativo que busca comprender la realidad problemática observada. Se realizó la interpretación hermenéutica desde una perspectiva subjetiva en las aproximaciones conceptuales realizadas. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista a profundidad cuyos sujetos de estudio fueron tres especialistas, en derecho del consumidor, derecho administrativo sancionador y derecho constitucional, realizándose entrevistas semiestructuradas. La investigación concluye que las normas de consumo se realizan como producto de una discriminación positiva propia de relaciones de consumo que se dan en el mercado y por tanto no es correcto aplicarlo a entidades públicas que no generan relaciones de consumo sino prestan servicios públicos, por lo que la postura del Tribunal de Indecopi es acorde al principio de igualdad.