El principio de legalidad como mecanismo ordinario de control en la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal en los gobiernos locales de la provincia de Arequipa, 2016-2019

• Autor: Pinto Rodríguez, Carla Lucia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Católica de Santa María
• Repositorio: UCSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucsm.edu.pe:20.500.12920/10375
• Enlace del recurso: https://repositorio.ucsm.edu.pe/handle/20.500.12920/10375
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Principio de Legalidad; Administración Pública; Gobiernos Locales; Derecho animal; Bienestar animal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación tiene por objetivo determinar si los gobiernos locales de la provincia de Arequipa han cumplido con implementar lo dispuesto por la Ley de Protección y Bienestar Animal en conformidad con el principio de legalidad, principio que es pilar fundamental en el Derecho Administrativo y que sujeta la actuación de la Administración Pública al ordenamiento jurídico. Al respecto, se ha demostrado que los gobiernos locales han venido vulnerando el principio de legalidad debido al incumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal que, pese a encontrarse vigente desde el año 2016, no ha sido implementada, pues de la aplicación de los instrumentos de esta investigación se desprende que los funcionarios como servidores de los gobiernos locales no la han implementado por falta de conocimiento de esta norma, desinterés y falta de recursos económicos. El principio de legalidad al ser un mecanismo de control de la actuación de la Administración Pública, tiene por finalidad velar por el cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico. Su vulneración acarrea responsabilidad funcional, las que pueden ser administrativas, civiles o penales. Es así que los funcionarios como servidores públicos de los gobiernos locales de la provincia de Arequipa con la vulneración del principio de legalidad han incurrido en responsabilidad funcional. Asimismo, la conducta de los funcionarios como servidores públicos únicamente no acarrea responsabilidad funcional sino, como también se ha demostrado, tiene como consecuencia la afectación de la salud pública de los administrados, la desprotección de animales y la afectación a la seguridad jurídica, puesto que los administrados se ven en la disyuntiva de no saber cómo procederá la autoridad local frente a una norma de obligatorio cumplimiento. En base a los antes señalado la investigación se divide en cuatro capítulos tratando respectivamente sobre el principio de legalidad como mecanismo ordinario de control, la Administración Pública, específicamente sobre los gobiernos locales y sus roles; la protección y bienestar de los animales y, por último, el análisis de los resultados obtenidos.