La valoración judicial de la prueba indiciaria para la correcta motivación de las sentencias judiciales en el delito de colusión casación n°60-2016-Junín

• Autores: Coronel Chumbe, Genesis Nicole, Del Rosario del Aguila, Andrea Rubí
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Científica del Perú
• Repositorio: UCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucp.edu.pe:20.500.14503/2691
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14503/2691
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Errónea interpretación; Ilogicidad en la motivación; Colusión simple; Colusión agravada; Concertación; Indicio; Prueba indiciaria; Erroneous interpretation; Illogicality in motivation; Simple collusion; Aggravated collusion; Concertation; Indication; Circumstantial evidence; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de investigación versa sobre la Casación 60-2016 Junín, el cual analiza exhaustivamente el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales como garantía constitucionalmente protegida. En este caso, Augusto Maraví Romaní, alcalde de la Municipalidad de Colcabamba, fue acusado por el delito de colusión, posteriormente en primera instancia a través de sentencia se le condenó como autor de dicho delito en agravio de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, al haber emitido resoluciones de Alcaldía para la creación de un Comité de llevar a cabo el proceso de selección, para la recuperación de la transitabilidad de la carretera Pichiu-Andaymarca, afectada por un desastre el 2010; así mismo se creó otro comité encargado de recibir la obra encomendada. En segunda Instancia, concluye que el sentenciado Maraví Romaní, fue el encargado de conformar los comités de selección, y el sentenciado Solano Sacravilca como Gerente de la Municipalidad, suscribió el contrato con la Empresa Construcciones e Inversiones Roger E.I.R.L. Posteriormente se confirmó la sentencia, formulando recurso de casación, el mismo que se declaró fundado en cuanto sostiene que en la fundamentación de la sentencia se afirma la no realización de la obra para recuperar las transitabilidad de la carretera Pichiu - Andaymarca, siendo estas alegaciones contrarias al fallo en el que se asevera que existe un monto excesivo indebidamente pagado a la Empresa Roger E.I.R.L, y por otro lado se aprecia que el órgano jurisdiccional no desarrolló los elementos de intervención, poder de decisión, ni concertación que hubo con el interesado, por lo que se devino en una errónea interpretación de la ley penal y una manifiesta ilogicidad en la motivación.